Uno de los temas candentes en la agenda del gobierno porteño es el problema de la basura. Históricamente ha sido el Estado el encargado de la recolección de residuos en las grandes ciudades, con lo cual nos pondremos a pensar un poco por fuera de la caja estatista, para encontrar soluciones de mercado a este problema. Primero examinemos cómo funciona el sistema actual: el municipio hace una licitación, en donde una empresa (o varias, si dividimos la ciudad por zonas) es elegida y se hace cargo de la concesión del servicio. El dinero para pagarle a la empresa proviene del impuesto ABL, que está relacionado con el valor de la propiedad y no con la cantidad de basura producida por el inquilino.

• Problema número 1: si existiese un ciudadano que no produce un sólo gramo de basura, también está pagando por el servicio.
• Problema número 2: no hay un incentivo económico para generar menos desechos. El ciudadano que recicla, reutiliza o es más ecológico a la hora de elegir el packaging de los productos que consume, paga el mismo importe que el que produce basura indiscriminadamente.

Prosigamos. La basura acumulada por la empresa se dirige a una planta de procesamiento, donde es comprimida para ocupar menos espacio. A continuación se la envía a un basurero o relleno sanitario. Este terreno es propiedad del Estado, y su ubicación fue asignada arbitrariamente por los funcionarios de turno. El subsuelo bajo ese basurero también es de propiedad pública.

• Problema número 3: los asentamientos cercanos a los basurales sufren las externalidades negativas[1] de los sectores de la sociedad que produjeron la basura.
• Problema número 4: los ríos subterráneos o napas freáticas arrastran la contaminación, afectando el agua de los pozos cercanos e incluso los mares y ríos a mayores distancias.

Ahora analicemos cómo podría lidiar una sociedad libre con estas mismas situaciones. Para ello es necesario definir los derechos y responsabilidades de los ciudadanos. Por suerte esto es muy sencillo: alcanza con reconocer que somos dueños de nosotros mismos, del fruto de nuestro trabajo, y de los bienes y propiedades adquiridos con éste. Uno puede comprar y acumular cosas que entren en su propiedad. Nadie le impide juntar basura en el patio (aunque ¿quién querría vivir así?). Sin embargo, el límite también lo pone el mismo derecho: no puedo tirar basura en el patio del vecino, porque eso sería una invasión a su propiedad, y por lo tanto una violación a sus derechos individuales. Entonces, ¿qué hacemos con la basura? Por un lado, mucha gente quiere reciclar, y casi la totalidad de la población es consciente de que a mediano y largo plazo es el único camino posible, pero no empieza a hacerlo porque faltan incentivos y no están dadas las condiciones para que sea algo sencillo. Por el otro, existe una demanda de desechos recuperables (se manifiesta en la existencia del “oficio” de los cartoneros). La pregunta que hay que hacerse es: ¿qué pasaría si no fuese el Estado el que se hace cargo de la basura, y tuviesemos que pagar el costo real de disponer de nuestros residuos? Una empresa privada con el mismo funcionamiento que el sistema estatal sería imposible, porque: a – el precio sería mucho más elevado que el actual, ya que el terreno utilizado para verter los residuos perdería su valor económico en un tiempo muy corto, y sería mucho más rentable destinarlo a otras actividades. b – la cantidad de juicios por contaminación/invasión de las propiedades aledañas haría quebrar a las empresas (recordemos que también el subsuelo y el agua que corre por debajo serían privados. Si el basural quema la basura en lugar de enterrarla, la invasión sería aérea y enfrenta los mismos problemas). Por lo tanto, las empresas de recolección que surjan estarían obligadas, por el marco jurídico, a darle otro destino a los residuos. Podría haber empresas que: a – cobren el precio real de disponer la basura mezclada, y cobren un precio con descuento si desde la casa o el consorcio se entrega la basura separada (supongamos en papel/cartón, vidrio, plástico, metal, residuos orgánicos, basura electrónica). b – se lleven la basura gratis en caso de estar separada, porque el negocio lo harían vendiéndole esos residuos a las plantas de reutilización. c – le compren la basura separada a los clientes, para reciclarla ellos mismos. Estas son sólo algunas de las soluciones que podría dar el mercado. Las posibilidades son infinitas. El método de prueba y error es el que nos dirá qué sistema es el mejor, y la Ley de oferta y demanda es la que va a decir qué tan rentable es la basura, y si preferimos perder 10 minutos diarios en separarla o gastar una fortuna al mes para que otro se haga cargo. Y la sociedad misma, conociendo estos costos, sería la que premie y castigue a las empresas que tomen las decisiones correctas a nivel packaging y distribución. Ejemplos exitosos de negocios de este tipo hay muchos. Uno de ellos es el caso de TerraCycle, donde el joven empresario Tom Szaky se hizo millonario fabricando un fertilizante 100% ecológico, hecho mediante lombrices que se alimentan de restos de comida (en un principio provenientes de las cafeterías y restaurantes cercanos a la Universidad de Princeton, ahora a nivel global). Como liberales libertarios creemos que el rol del Estado es abrir el juego a la creatividad y la capacidad emprendedora de los ciudadanos. Un plan de acción que podría tomarse es:

1. Suspensión del funcionamiento de los basureros en un plazo de, por ejemplo, 5 años.
2. Exención impositiva total a las pequeñas, medianas y grandes empresas del rubro recolección/procesamiento de residuos.

No podremos saber el resultado, pero tendremos la certeza de que no vamos, como ahora, a estar obligados al fracaso.